Fortaleciendo la educación pública

Dr. Carlos Araya Leandro firmando el comunicado

Fuente: UCR

“La Universidad de Costa Rica debe contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una justicia social, de equidad, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo.” (EO, art. 3)

En respuesta a la Consulta que la Defensoría de los Habitantes interpusiera ante la Sala Constitucional (oficio DH-01102-2024), con respecto al porcentaje asignado para educación en el Presupuesto Nacional para el 2025, el Alto Tribunal, en forma unánime, determinó, en sentencia 2025-380, que, por incumplir con el 8 % del Producto Interno Bruto ordenado en el artículo 78 de la Constitución Política, hay una omisión que deviene en vicio de inconstitucionalidad.

Por tratarse de una consulta y no de un recurso de inconstitucionalidad, algunos especialistas en derecho han señalado que este criterio de la Sala no es vinculante jurídicamente; sin embargo, al margen de ello, debe serlo política y éticamente, no solo para aquellas personas que por sus cargos han jurado cumplir la Constitución, sino también para toda la ciudadanía que vive al amparo de esta.

Vale recordar que la Constitución Política es producto de un acto soberano, es decir, popular, lo que se resguarda desde sus primeros cuatro artículos. Nuestra Carta Magna procura un modelo de nación que gira en torno al ser humano, su cuido y su desarrollo, en un contexto que garantice el derecho a la educación, desde los primeros años de vida y en forma sostenida. Esto es un deber central y prioritario.

La principal manera para garantizar el desarrollo económico y productivo del país pasa por disponer de recursos humanos debidamente formados y preparados para enfrentar la incertidumbre y los cambios constantes impuestos por las dinámicas sociales e históricas de la actual coyuntura. Por consiguiente, un capital humano solvente y de calidad integral es fundamental para promover la innovación y la investigación científica y tecnológica que son imprescindibles en este momento.

También la educación es, y ha sido, un instrumento idóneo de movilidad social y, por lo tanto, constituye uno de los recursos principales para superar las desigualdades, cada vez más marcadas en la mayoría de las sociedades del mundo. Debemos procurar que nuestro modelo educativo sea tan universal, como gratuito; el acceso a la educación debe ser fácil e inmediato en todas las zonas geográficas del país y para cada uno de sus habitantes. Las regiones menos favorecidas deben ser atendidas de manera prioritaria y adecuada para promover la superación de la brecha entre lo rural y lo urbano.

Todo escenario educativo, especialmente el estatal, debe constituirse en un medio idóneo para que cada persona desarrolle a plenitud su conciencia intelectual, moral y socio-política, a fin de que se garantice el compromiso cívico adecuado, siempre crítico, por medio del cual la democracia costarricense, la calidad de vida y la seguridad de cada ser humano que habita nuestro país estén debidamente resguardados en todo momento, tal y como lo exige la dignidad humana.

Claros de esta importancia medular de la educación y de la imperiosa necesidad de proteger el presupuesto requerido para ella, a fin de garantizar el desarrollo humano y la justicia social referidos, fue que el grupo de costarricenses que redactó nuestra Constitución en nombre del pueblo soberano definió un presupuesto justo que, en el devenir histórico se puntualizó en el 8 % del PIB como base económica de financiamiento, monto que lamentablemente no se ha logrado nunca pese a los vicios de inconstitucionalidad evidentes y reiterados, todo desde la justificación de que la condición fiscal del país no lo permite, y sin una clara metodología que faculte superar este estado lamentable.

Por el sentido de responsabilidad que nos asiste, como ciudadanos y universitarios, y con la mirada puesta en nuestro nuestro Estatuto Orgánico, en esta Rectoría hemos decidido trabajar en la elaboración de una estrategia efectiva que coadyuve con el cumplimiento del mandato constitucional en cuestión, misma que deberá tomar en cuenta, entre otros aspectos, la recaudación fiscal y temas afines, todo en procura de dignificar el ejercicio político y proponer pautas que fortalezcan la educación estatal y, por su medio, un modelo de desarrollo del país que eleve la calidad de vida ciudadana a lo largo y ancho del territorio nacional.

Fortalecer la educación y su presupuesto es un deber solidario que atenderemos con la responsabilidad que nos atañe.

Atentamente,

Dr. Carlos Araya Leandro
Rector Universidad de Costa Rica