Erika Henchoz, Prensa, Rectoría
erika.henchoz@ucr.ac.cr
Publicado: 2021-01-28

Con el fin de mejorar y avanzar en el proceso de construcción de la normativa y protección de la Persona Adulta Mayor en Costa Rica, la Universidad de Costa Rica (UCR) presentó a finales del 2020 un Informe sobre el Proyecto de Investigación “La protección constitucional de los adultos mayores en Costa Rica y América Latina” inscrito en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) a la Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, la diputada Catalina Montero Gómez como parte de las tareas que realiza esta institución para cooperar y coordinar sobre materias de relevancia nacional con otros poderes de la República.

El Informe fue declarado de interés institucional por la Universidad de Costa Rica por cuanto revela importante información en esta materia para el país. El estudio fue elaborado por los docentes e investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de la Facultad de Derecho, Dr. Haideer Miranda Bonilla y el Dr. Rafael González Ballar, respectivamente. Además, contó con el apoyo del Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Decano de la Facultad de Derecho.

El proyecto tuvo como principal objetivo “analizar la protección que han recibido los adultos mayores a nivel constitucional, en sentido amplio, lo cual incluye los ámbitos constitucionales y convencionales” y con base en ello “conocer la diferente normativa que existe en el país con la finalidad de determinar cuáles deficiencias existen y si es viable o no formular un proyecto de ley en donde se plantear la promulgación de un “Código de la Persona Adulta Mayor” que unifique toda la normativa en un solo documento.

En ese sentido, se abordó en el estudio la importancia de reconocer un envejecimiento activo por parte de las instituciones públicas y la sociedad, así como la protección especial que le ha sido reconocido a las personas mayores en su jurisprudencia la Sala Constitucional, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además se analizó el proceso de formación, estructura, derechos tutelados y mecanismos de seguimiento y protección que contempla la reciente Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, como lo indica la Resolución R-202-2020 emitida por la Rectoría de la UCR.

En relación con los derechos humanos más vulnerados de las personas adultas mayores, según los registros de los Consultorios Jurídicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), entre otros; se detectaron el abandono, el maltrato físico y psicológico, y la violencia patrimonial por parte de sus seres queridos y familiares. Aunque se sabe que el derecho no todo lo resuelve según comentó el profesor Miranda Bonilla, “sí es importante promulgar normativa en este campo acompañadas de fuertes campañas de sensibilización de esta población en los contenidos educativos de la sociedad”, como se lee en una de sus recomendaciones finales.

“Solo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos…”, dice la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores.

El documento de la Universidad menciona entre otras recomendaciones finales el hecho de que se debe valorar muy bien la posibilidad de elaborar un Código de la Persona Adulta Mayor sin que por ello se perjudique la normativa vigente en la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor y la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas que nos rige como nación.

La investigación contó con entrevistas a funcionarios de gran trayectoria en la materia. Entre ellos, el Dr. Fernando Morales Martínez, ex Director del Hospital Nacional Geriátrico y actual Decano de la Facultad de Medicina, la Dra. Anahí Fajardo Torres, Directora de los Consultorios Jurídicos para la Defensa de la Persona Adulta Mayor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y el Sr. Gustavo Fallas Vargas, Coordinador de la Unidad de Asesoría Jurídica del Consejo de la Persona Adulta Mayor.

Como parte de las acciones por considerar después de conocerse el estudio, está el coordinar institucionalmente políticas públicas del Estado y las Municipalidades; fortalecer el presupuesto y competencias del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) para que puedan abrirse espacios de atención dentro y fuera de la Gran Área Metropolita. Asimismo regionalizar los Consultorios Jurídicos para personas mayores.

Finalmente, en la Resolución citada se menciona el interés de que el Instituto de Investigaciones Jurídícas realice publicaciones sobre este tema, brinde capacitaciones a instituciones estatales y se crear un Observatorio  sobre personas mayores con análisis de sentencias, normativa, buena prácticas y problemáticas.

Es de considerar que el país tiene un proceso acelerado de envejecimiento poblacional. En el año 2050 se espera que 21 personas de cada 100 habitantes tenga 65 años o más. Sobre este tema se estarán realizando otras reuniones con la legisladora Montero Gómez.