Pablo Mora Vargas, Periodista, Rectoría
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Publicado: 2021-07-05

Un grupo transdisciplinario, encabezado por el vicerrector de Administración, Roberto Guillén, será el encargado de representar a la Rectoría en la negociación de la Convención Colectiva de Trabajo (CCT). Se espera que este proceso dé inicio antes durante el mes de julio.

Según explicó el vicerrector de Administración, la selección de este grupo se hizo en razón de la temática que se negociará en estas sesiones, que varían entre temas salariales, laborales e incluso de salud. Además pesó la experiencia en otros grupos negociadores y el conocimiento de las personas en las áreas que son de su competencia.

Además del jerarca de Administración, este equipo quedó integrado por Pedro Méndez, asesor de Rectoría y también miembro de la Comisión de Negociación de Salarios; Belén Cascante, jefa de la Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU); Carolina Calderón, jefa administrativa de la Vicerrectoría de Administración (VRA) y Mario Alexis Mena, jefe del Área de Gestión Administrativa de la Oficina de Recursos Humanos (ORH).

También conforman este grupo Tatiana Barrantes, asesora legal de la ORH y parte del equipo legal que participó en la última negociación; Alfonso Chacón, especialista en Derecho Laboral y con amplia experiencia en negociaciones de convenciones colectivas en otras instituciones; Marlen Salas, contadora de la Oficina de Administración Financiera (OAF); y Pamela Sanabria, médico de la Oficina de Bienestar y Salud (OBS).

Así resumió el vicerrector de la VRA las cualidades de los integrantes de esta comisión:

Cabe destacar que, en esta oportunidad, la administración universitaria deberá mantener la aplicación de la Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (o como se le conoce popularmente: “Reforma Fiscal»), que limita las anualidades a un 1,94% para puestos profesionales y a un 2,54% para puestos no profesionales. Esta misma decisión también ha sido acogida por el resto de universidades públicas.

La medida se fundamenta en que la Sala Constitucional aún no ha resuelto la acción de inconstitucionalidad, presentada por el Consejo Nacional de Rectores en julio de 2019. El argumento presentado por las universidades públicas es que esta ley minimiza el Fondo Especial para el Educación Superior (FEES), pese a que este tiene un origen y un régimen de fijación y determinación constitucional propios, el cual no debe ser derogado por ninguna ley.