Publicado: 2019-10-23

“Somos una universidad diversa, y debemos dirimir nuestras diferencias por la vía del diálogo, la discusión y los argumentos. Pero esta es la hora en que debemos mostrar unidad ante nuestra propia comunidad universitaria y ante el país”.

Así lo explicó el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Henning Jensen, el pasado viernes 18 de octubre, al cierre de esta edición, a raíz de la movilización estudiantil que desde el miércoles 16 se ha manifestado mediante la toma y cierre de edificios en varias sedes de la universidad, motivada principalmente por afectaciones al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

En una transmisión en directo, el rector explicó la gravedad de la intención del Ministerio de Hacienda por desviar ₡ 70 000 millones del FEES, que para el 2020 fue establecido en ₡ 512 781 millones, como inversión de capital.

El acuerdo para el monto total del FEES fue tomado en julio, en el seno de la Comisión de Enlace, conformada por los rectores de las universidades adscritas ante el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y representantes del Poder Ejecutivo. En la quinta cláusula de dicho acuerdo, se establece que “Las instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal en su conjunto realizarán en el 2020 una inversión de capital estimada en ₡ 70 000 millones”. Sin embargo, mencionó el rector, a pesar de que en la negociación las universidades se comprometieron a que dicho monto provendría del presupuesto total, el Ministerio de Hacienda lo presentó como parte del FEES ante la Asamblea Legislativa.

“Las inversiones de capital solo pueden ser utilizadas para infraestructura y equipamiento. Tenemos el compromiso de invertir en estos rubros, pero a partir de otras partidas, tales como superávit y recursos propios; la norma impide destinarlos a otros fines. Al condicionar ₡ 70 000 millones del FEES – que sirve para financiar la docencia, investigación y acción social de las universidades– para infraestructura, no solo aumentamos esta inversión a niveles imposibles de ejecutar, sino que además comprometemos la actividad sustantiva de nuestras instituciones”, explicó Jensen.

Carolina Calderón, jefa de la Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU), explicó que este faltante de ₡ 70 000 millones del FEES significaría que las universidades tengan que replantearse su planificación, que está alineada al Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES), acordado en CONARE. “Hablamos de proyectos de investigación y acción social; hablamos de docentes cuyo salario proviene de la partida de Servicios Especiales; se afectaría el sistema de becas, y también los proyectos de regionalización”, comentó Calderón.

En palabras del rector, si bien ha habido una buena comunicación entre los rectores de CONARE y el presidente de la República, Carlos Alvarado, no ha sido el caso con el Ministerio de Hacienda. “El Poder Ejecutivo está informado de esta situación, pero todavía requerimos de respuestas más claras y sólidas, pues lo logrado hasta el momento es insuficiente para tener tranquilidad con respecto al futuro de nuestras universidades”, mencionó Jensen, al hacer referencia a la disminución de ¢35 000 millones conseguida por los diputados de la Asamblea Legislativa en la Comisión de Hacendarios el pasado miércoles 16 de octubre.

Para el rector, toda esta situación es una afrenta a la Constitución Política y a la autonomía universitaria. “Al definir esta partida con un destino específico inmutable, el Poder Ejecutivo estaría decidiendo cómo deben invertir las universidades públicas su presupuesto, cuando la Constitución Política les atribuye la potestad y capacidad de autogobierno y administración de nuestros recursos, por supuesto siguiendo los principios establecidos por ley, pero siempre respondiendo a propósitos de la educación superior pública”, afirmó.

Según explicó, desde el 2014 la UCR ha venido implementando diversas medidas de contención de gasto, de manera que se pudiera garantizar la sostenibilidad del quehacer universitario. Esto ha incluido una disminución del porcentaje de la anualidad, mayor rigor en el otorgamiento de dedicaciones exclusivas y modificaciones en la concesión de incentivos por méritos académicos, entre otros, además de contribuir con estudios para contribuir con la discusión y propuestas nacionales para mejorar el sistema  tributario en vista de la crisis fiscal del país. Asimismo, CONARE ha reportado que, para el período 2016-2020, las universidades públicas muestran resultados de un ahorro de más de ¢47 000 millones.

“Estamos en una lucha ideológica, pero también de cambio de modelos de Estado. Estamos a favor de reformas razonables, justas, que contribuyan a la equidad. Pero no podemos permitir que el pueblo sea precarizado. Comprendo y aplaudo la molestia a indignación que ha mostrado el estudiantado, pero en estos momentos necesitamos a las personas dentro de la universidad, para que discutamos, veamos opciones y vislumbremos las acciones de los próximos días”, concluyó el rector.

Caterina Elizondo Lucci
Periodista, Rectoría
caterina.elizondo@ucr.ac.cr