Publicado: 2019-11-22

En seguimiento a la serie de medidas de contención del gasto que la Administración de la Universidad de Costa Rica (UCR) ha venido tomando desde el 2014, mediante el oficio R-7924-2019, el rector Henning Jensen solicitó al Consejo Universitario examinar la aprobación de un tope de anualidades a las y los funcionarios de la universidad.

Desde el año 2009 no existe un tope o techo máximo al reconocimiento por concepto de anualidades a los funcionarios universitarios, debido a que este órgano colegiado de aquel entonces emitió un acuerdo (en la sesión 5367) que liberó el tope de 30 años de anualidad que regía desde 1999 en la UCR.

La decisión fue tomada, principalmente, a raíz de la sentencia Nº 15460-2008 de la Sala Constitucional, en la cual se anuló el tope de 30 años en la Ley de Salarios de la Administración Pública. En aquel momento, la Oficina Jurídica de la UCR había manifestado que esta sentencia podía ser un motivo adicional a considerar, aunque no necesario, para que la Universidad de Costa Rica pudiera liberar o no el tope establecido, de acuerdo con sus propios mecanismos.

La eliminación del tope a las anualidades, sumada al incremento en el porcentaje por este concepto (de un 3 % a un 5,5 %) aprobado en la sesión 5390 del Consejo Universitario en el 2009, hizo que los componentes adicionales del salario crecieran a un ritmo descomedido a partir del 2010.

“Establecer nuevamente un tope a la cantidad de anualidades devengadas por las personas trabajadoras, tal y como ocurría antes del 2010, es necesario para asegurar un sano equilibrio presupuestario, como una más de las medidas de contención del gasto que se han tomado en los últimos años”, explicó el rector Henning Jensen.

De acuerdo con proyecciones de la Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU), si se volviera a aplicar un tope de 30 años a partir del 2020, se estima que el primer año se dejaría de pagar aproximadamente 1700 millones de colones por concepto de anualidad.

Carolina Calderón, jefa de la OPLAU, destacó que las medidas tomadas hasta el momento han brindado soluciones para el aspecto presupuestario de la institución. Algunas de ellas contemplan restringir el pago de horas extra, limitar los arrendamientos, comprar vehículos que permitan el ahorro de combustible, y verificar los requisitos para la asignación de dedicaciones exclusivas, entre otras.

En palabras del rector, una de las medidas más estratégicas fue la reducción del porcentaje de anualidad negociado en la actual Convención Colectiva de Trabajo, que pasó del 5,5 % a un 3,75 %. Esto permitió que, desde el 2018, se lograra contener significativamente el ritmo de crecimiento de los componentes adicionales del salario.

“Esta reducción fue un aporte de mucha relevancia, pues la anualidad había tenido un peso creciente en la conformación de los sueldos al personal permanente, pero ahora tiende a la estabilización. Además, la UCR vigila estrictamente el crecimiento y la proporción de la masa salarial en relación con el presupuesto universitario, y ya existe una comisión que está trabajando en modificaciones al sistema salarial para reducir la desigualdad y asegurar salarios iniciales más competitivos”, mencionó Jensen.

“Si todo se mantiene en las condiciones en las que hemos estado en los últimos años, podemos esperar que los ingresos (por el Fondo Especial para la Educación Superior, FEES) crezcan menos de lo que crecían que hace algunos años. Por ello tenemos que seguir tomando medidas, tanto en la parte salarial como en partidas de operación, pues se debe minimizar el impacto que podemos tener a futuro en las finanzas de la universidad”, señaló Calderón, quien agregó que la OPLAU ya está trabajando en identificar medidas de contención adicionales para aportar en estos esfuerzos de la institución.

Caterina Elizondo Lucci
Periodista, Rectoría
caterina.elizondo@ucr.ac.cr