Publicado: 2018-09-12

Representantes administrativos, estudiantiles y sindicales de la Universidad de Costa Rica (UCR) coincidieron en advertir que el texto de la Reforma Fiscal que discuten actualmente los diputados en la Asamblea Legislativa tiene aspectos que desprotegerían las labores sustanciales de nuestra institución, al cobrar impuestos por bienes y servicios que se brindan.

Además, señalan que la propuesta es una seria amenaza para la calidad de vida de cientos de estudiantes que requieren el apoyo económico en la institución, pues al gravar varios productos de canasta básica, muchos de ellos deberán hacer un esfuerzo mayor para poder subsanar sus necesidades fundamentales con el dinero que reciben con la beca de atención socioeconómica.

Estas fueron solo algunas de las conclusiones extraídas del foro “¿Cómo afecta la reforma social a la UCR?”, que organizó el Semanario Universidad en conjunto con la Oficina de Divulgación e Información. La actividad se realizó en el Auditorio de la Plaza de la Autonomía, en Finca 2, el pasado jueves 6 de setiembre.

Como panelistas participaron el vicerrector de Administración, Dr. Carlos Araya; el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), Renato Franco; y la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Costa Rica (Sindeu), M.Sc. Rosemary Gómez. El director del Semanario Universidad, Lic. Ernesto Rivera, fungió como moderador.

Una de las varias amenazas planteadas en ese conversatorio es la posibilidad de la inclusión del presupuesto de otras entidades, como el CEN-CINAI o el Instituto Nacional de Aprendizaje, en la partida del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), lo cual disminuiría el porcentaje – y por lo tanto, el monto real – que reciben las universidades públicas en la actualidad como parte del presupuesto general de educación.

En su intervención previa al foro, el rector de la UCR, Dr. Henning Jensen, apuntó que los ataques sistemáticos sobre el financiamiento a nuestra universidad se explican con facilidad,si se considera que ella es una de las instituciones estatales garantes del Estado Social de Derecho, que tiene la solidaridad y equidad por uno de sus principios fundamentales.

“Me atrevería a pensar que la propuesta que ahora se hace en el plano fiscal tiene elementos que la diferencian de iniciativas del pasado, pues esta cambia los pilares fundamentales de nuestra concepción de sociedad y Estado. Debe permanecer el recurso que ha tenido la sociedad costarricense para garantizarla inclusión social. Si hay una redefinición del papel de la educación pública, se da un cambio de paradigma social. Lo anterior exige una defensa de la educación general y dela educación superior pública en lo particular”, recalcó el rector.

El vicerrector de Administración, por su parte, reconoció que la UCR entiende el difícil panorama fiscal que vive el país y apoya la discusión para su solución. No obstante, aseguró que las decisiones nocivas para el sector educación pueden afectar severamente el tejido social del país, como el intento por acabar con la Ley N° 7386, que aporta ¢2300 millones para regionalización: de ese monto, la mitad está dirigida al financiamiento del Recinto de Paraíso.

“El Ministerio de Hacienda nos indicó que hay un impuesto del 2% a bienes y servicios que se devolverá vía transferencia presupuestaria a las universidades públicas. En esto no estamos de acuerdo, porque esto podría incluirse dentro del FEES y reducirnos el presupuesto total”, advirtió el Dr. Araya.

El presidente de la FEUCR insistió en que los recortes presupuestarios planteados en la reforma fiscal, “que es insuficiente y no progresiva”, afectarán también los aportes que brinda la institución al país, como el más de un millón de horas que destinan los estudiantes al Trabajo Comunal Universitario, o la movilidad social de alumnos que provienen de hogares con dificultades económicas para estudiar, si el presupuesto de becas resulta afectado.

“La posible inclusión del INA en el FEES haría que ese presupuesto se divida entre más sectores y nos alejaríamos del mandato constitucional del 8% del PIB para la educación. Esto también afectaría a nuestras sedes universitarias y el proceso de regionalización”,señaló Franco.

Para la secretaria general del Sindeu, el proyecto que se discute en el Congreso ve a la educación “como un gasto y no como una inversión social”. Además recordó que el gobierno prometió a las universidades públicas no gravar sus actividades, pero luego lo incumplió. Ahora esta garantía depende de una adenda firmada por ambas partes, que no garantiza que pueda cambiar o derogarse en un futuro, en otro gobierno o por la acción de nuevos jerarcas en la administración de la educación superior pública nacional.

Pablo Mora Vargas
Periodista, Rectoría
prensa.rectoria@ucr.ac.cr