Pablo Mora Vargas, Periodista, Rectoría
pablo.moravargas@ucr.ac.cr
Publicado: 2018-04-25

El grupo de diputados que firman la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas presentaron en la Asamblea Legislativa un texto sustitutivo que incluye una moción del artículo 34 del diputado del Movimiento Libertario, Otto Guevara, en el que pretende derogar los artículos 3 y 3 bis de la Ley 6450, en los cuales se asegura el aporte de ¢2093 millones para el fortalecimiento de las sedes regionales de cada una de las universidades públicas. Estos fondos provienen del impuesto sobre la renta.

El grupo de diputados que presentaron el texto sustitutivo aprobado son: Marco Vinicio Redondo, Ottón Solís y Steven Núñez del Partido Acción Ciudadana (PAC); Silvia Sánchez, Sandra Pisk, Ronny Monge y Paulina Ramírez del Partido Liberación Nacional (PLN); además de Johnny Leiva y William Alvarado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Tal como lo adelantó la administración universitaria en su espacio “Desde La Rectoría”, el pasado miércoles 18 de abril, 10 de los 11 diputados que conforman la Comisión Asuntos Hacendarios habían dado su voto a favor del proyecto de ley N.º 20595 “Ley de Eficiencia en la Asignación del Gasto Público”, que pretendía definir un mínimo del monto que reciben las universidades estatales para el desarrollo de sedes regionales, usando como base el dinero asignado para estos fines al día de hoy.

No obstante, tras una visita de un grupo de autoridades universitarias estatales a la Asamblea Legislativa, la semana pasada, la mayoría de diputados cambió de parecer al conocer que la propuesta afectaba, entre otros, el financiamiento de las sedes regionales universitarias y que tenía roces constitucionales. Lo anterior debido a que esa iniciativa no aseguraba que este monto fuera a aumentar, ya que el texto de origen indicaba que en el futuro se realizarían “transferencias”, sin que se especificara si estas serían incrementos. Tampoco se mencionaba nada sobre cómo se calcularía su monto final.

Sin embargo, las diputadas Paulina Ramírez (quien firmó el texto sustitutivo) y Maureen Fallas, ambas del PLN, también presentaron una moción para eliminar el artículo 34 de la polémica iniciativa, que es justamente el que pretende derogar la ley que aporta financiamiento a las sedes regionales.

Es importante recordar que restar recursos a las universidades públicas crearía un vicio de constitucionalidad. El artículo 85 de la Constitución Política señala que el Estado dota de patrimonio a las universidades públicas y les crea “rentas propias”. Justamente, el monto proveniente de los artículos que buscan ser derogados es considerado una renta propia en la Ley 7386, que reforma el artículo 3 y 3 bis de la Ley 6450. En el caso de la UCR, un porcentaje importante de los ¢2093 millones va directamente al Recinto de Paraíso y el resto al Programa de Desarrollo Regional.

La UCR confía en la buena voluntad y en el compromiso del conjunto de congresistas para con las regiones que se benefician con la presencia de universidades públicas, de manera que en lugar de restar fondos para su sostenimiento y desarrollo, se generen políticas que potencien su accionar en zonas distantes del Área Metropolitana.