Publicado: 2018-04-18

De manera prácticamente unánime, 10 de los 11 diputados miembros de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa votaron a favor del proyecto de ley N.º 20595 Ley de Eficiencia en la Asignación del Gasto Público, el cual derogaría artículos específicos de la Ley 6450 (incisos 3 y 3 bis), que sirven de fuente de financiamiento de ¢2093 millones para la inversión regional de cada universidad pública, y que provienen de fondos del Impuesto sobre la Renta.

El proyecto, impulsado por los diputados del Partido Acción Ciudadana, Marcela Guerrero y Steven Núñez, pretende definir un mínimo del monto que reciben estas instituciones para el desarrollo de sedes regionales, usando como base el dinero asignado actualmente para estos fines. El problema radica en que la iniciativa no asegura que este dinero vaya a aumentar, pues el texto indica que en el futuro se realizarían “transferencias”, sin que se especifique si estas serían incrementos o no.

Debido a este riesgo, jerarcas del Consejo Nacional de Rectores (Conare) acudieron el jueves 12 de abril a la Asamblea Legislativa para reunirse con los diputados que conforman la Comisión de Asuntos Hacendarios y hacerles ver el error que sería la aprobación final de este proyecto en el plenario. La Universidad de Costa Rica (UCR) advirtió que la sola posibilidad de restar recursos a las universidades públicas crearía un vicio de constitucionalidad, según indicó el rector, Dr. Henning Jensen.

La Rectoría de la UCR puntualizó que las universidades públicas podrían verse afectadas, ya que este tipo de fondos responden al Plan Nacional de la Educación Superior (Planes), y con el nuevo proyecto, esto quedaría a criterio del Plan Nacional de Desarrollo. Pero también, según el artículo 84 de la Constitución Política, las universidades se sustentan con patrimonio propio y no de la caja única del Estado, lo cual contradice el proyecto, que busca realizar los giros según la disponibilidad de recursos públicos.

Por otra parte, el artículo 85 de la Carta Magna señala que el Estado dotará de patrimonio a las universidades públicas y les creará “rentas propias” y, justamente, este financiamiento es considerado como una renta propia en la Ley 7386 que reforma el artículo 3 y 3 bis de la Ley 6450, la cual asigna y distribuye un monto idéntico a las instancias regionales de cada casa de educación superior. En el caso de la UCR, un porcentaje importante de ese dinero va directamente al Recinto de Paraíso y el resto al Programa de Desarrollo Regional.

Las autoridades superiores de la UCR indicaron que, después de la reunión con los diputados, los rectores acordaron enviar un texto con una redacción satisfactoria para ambas partes, que elimine los aspectos inconstitucionales y que asegure con claridad que este presupuesto crezca porcentualmente en la misma medida que lo hace cada año el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Según las autoridades de nuestra institución, no preocupa que este texto derogue la ley anterior, siempre y cuando los recursos crezcan con criterios académicos y no políticos, lo cual sería un riesgo para la autonomía universitaria.

Otro aspecto que cabe destacar es que el proyecto en cuestión no fue presentado a las universidades públicas para su pronunciamiento de manera previa, lo cual va también en contra de lo que establece la Constitución Política, así como tampoco fue analizado por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.

La UCR confía en que los diputados cambiarán de opinión y entregarán un informe de mayoría negativo que, en teoría, eliminaría cualquier posibilidad de que esta iniciativa pueda ser aprobada por los 57 legisladores de esta o la próxima legislatura, que dará inicio el próximo 1º de mayo.

Pablo Mora Vargas
Periodista, Rectoría
prensa.rectoria@ucr.ac.cr