Publicado: 2017-06-15

Líderes indígenas, ambientalistas, comunitarios y campesinos, entre otros, se han enfrentado en los últimos años a una doble carga en su derecho de protesta social: la de los medios de comunicación, que no brindan espacio ni investigación para expresar y profundizar los motivos de la protesta social, y la de un sistema judicial que les considera delincuentes y que permite su acusación por varios delitos penales.

Estas fueron algunas de las conclusiones de la mesa redonda Protesta social como manifestación de la libertad de expresión, en el marco de la segunda sesión del I Foro Institucional 2017 de la Universidad de Costa Rica (UCR). La actividad contó con la participación del Dr. Jorge Lobo, profesor catedrático de la Escuela de Biología y asesor de diversos movimientos ambientalistas, así como del Dr. Nicolás Boeglin, profesor de derecho internacional público en la Facultad de Derecho y miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

De acuerdo con los expertos, la protesta socio-ambiental es una acción colectiva por insatisfacción y reclamo de derechos ambientales para la población y la naturaleza, en donde la relación entre los medios de comunicación y sus impulsores se da a menudo bajo esquemas de tensión.

“Existe una enorme dificultad de los actores sociales de conseguir la atención de los medios, especialmente durante las etapas iniciales, cuando se gesta la organización primaria y los argumentos del movimiento. Y, cuando alcanza la escala nacional o manifestaciones callejeras, se dan coberturas con un lenguaje que descalifica las acciones o con un claro sesgo hacia inversionistas o empresarios”, mencionó Lobo.

De acuerdo con Boeglin, esta estigmatización se acompaña también de un sistema judicial que no investiga los motivos por los que los protestantes están siendo amenazados, acusados e incluso asesinados.

“Simplemente se acepta; el sistema tolera acciones intimidatorias que muchas veces solo pretenden una retractación, y se generan grandes zonas de impunidad. Es jugar con fuego”, aseguró.

La Licda. Eva Carazo, quien es psicóloga social y comunicadora, y comentarista de esta mesa redonda, indicó que la protesta es una de las principales reivindicaciones de los sectores sociales, y que es esencial que los medios de comunicación comprendan su naturaleza para informar debidamente a la opinión pública sobre aspectos fundamentales en la realidad nacional.

“Los procesos de protesta, que son tremendamente vivos, no tienen acceso a los medios hegemónicos ni pueden mostrar su lado de la realidad. Sin embargo, la protesta social es parte de la historia; en vez de verla como amenaza, debe empezar a decirse lo que otros no quieren decir”, expresó Carazo.

El Consejo Universitario de la UCR se pronunció en mayo pasado con respecto a la criminalización de la protesta social, acordando repudiar todo tipo de criminalización del derecho a la protesta social pacífica, e instar a las autoridades nacionales a que tomen todas las medidas necesarias para prohibir esta criminalización en nuestro país.

Concentración de medios y libertad de expresión

En la segunda sesión del I Foro Institucional 2017 también se llevó a cabo la mesa redonda Riesgos e implicaciones de la concentración de medios de comunicación en Costa Rica, con la participación del Dr. Randall Blanco, director del Posgrado en Sociología, y la M.Sc. Luisa Ochoa, investigadora del Centro de Investigación en Comunicación (CICOM). La Dra. Patricia Vega, directora del CICOM, fue la comentarista de la mesa.

En palabras de Blanco, los medios de comunicación son emporios empresariales con capitales muy diversificados, y desde cuya lógica de mercado se instauran campos de poder desde los cuales es posible atacar a opositores mediante la descontextualización, la banalización y la descalificación.

“Son ‘tinglados mediáticos’, pues no se llega a una verdadera discusión de ideas. En la guerra por el rating se vale la misoginia, la violencia, las imágenes sangrientas, y como parte de los efectos culturales la sociedad se intoxica con falsas libertades, pues quizá no dicen qué pensar, pero sí en qué pensar”, expresó Blanco.

En el marco del proceso de apagón analógico que el país experimentará en diciembre de este año, Ochoa explicó que la sociedad debe replantearse el actual modelo ‘tico’ para garantizar que se generen encadenamientos propios de producción audiovisual con contenidos locales y plurales.

“Aunque Internet está modificando las posibilidades de consumo audiovisual, incluso de la misma radio, las grandes mayorías (de medios tradicionales) siguen eligiendo presidente y tomando decisiones considerablemente políticas a través de los canales de comunicación abierta y gratuita. Dónde se decide quién regirá nuestros países siguen siendo estos espacios, por eso no se puede pensar que con abrir espacios en Internet y redes sociales estamos aumentando la pluralidad o diversidad de voces y contenidos”, destacó Ochoa.

Caterina Elizondo Lucci
Periodista, Rectoría
caterina.elizondo@ucr.ac.cr