Pablo Mora Vargas, Periodista, Rectoría
pablo.moravargas@ucr.ac.cr
Publicado: 2017-08-07

Dos premisas esgrimió el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Dr. Henning Jensen, durante el Consejo de Rectoría Ampliado del jueves 3 de agosto, en el recién inaugurado auditorio de la Escuela de Medicina. La primera: es prácticamente imposible el cumplimiento constitucional del 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación el próximo año, si se toma como base el PIB de 2018; y por lo tanto, tampoco será viable el arribar al 1,5 por ciento para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

En números claros: si el FEES correspondiera al 1,5 por ciento del PIB, ello se traduciría en un incremento de ₡60 mil millones con respecto al presupuesto de 2017, cifra que según el Dr. Jensen, es “imposible de cumplir”.

La segunda: en el caso hipotético de que el gobierno cumpliera con esa meta, se produciría un crecimiento nulo en todas las demás áreas de atención social del Estado. Esto, desde todo punto de vista, iría contra los postulados humanistas de la UCR. Básicamente, sería una afrenta contra todos los programas sociales y pondría en riesgo la salud financiera del país.

Así lo resumió el rector, quien reconoció que existen pocas opciones ante un panorama económico tan delicado como el que anunció el presidente Luis Guillermo Solís en cadena nacional el pasado martes 1º de agosto: cero crecimiento para todas las partidas en las que no existe un compromiso de ley o excepto aquellos programas de ayuda social que son sensibles. El FEES no entra dentro de la primera categoría al tener rango constitucional; no obstante, tampoco está exento de sufrir las consecuencias de la difícil situación fiscal que atraviesa el país.

Según explicó el Dr. Jensen, el Consejo Nacional de Rectores analiza la situación y propondrá al gobierno varias fórmulas de cálculo para el FEES del próximo año, que incluyen la reformulación de los componentes de la estimación del PIB.

La otra parte de la paradoja: los rectores en Conare no pueden olvidarse de avanzar hacia el cumplimiento del mandato constitucional del 8 por ciento para la educación, pues sería hacer un llamado contrario a lo que dictó la Sala Constitucional.

El tiempo también juega en contra del gobierno y de las universidades públicas: el Ejecutivo debe enviar a la Asamblea Legislativa el Proyecto de Presupuesto Ordinario 2018 a finales de agosto, mientras que la Rectoría también debe presentar el presupuesto del próximo año ante el Consejo Universitario el 26 de este mes.

El retraso en las transferencias del FEES desde el Estado en julio fue otro de los temas tratados en el Consejo de Rectoría Ampliado. “Por el momento, no es grave”, tranquilizó el rector. Sin embargo, los atrasos con la cancelación de ₡600 millones que corresponden al Laboratorio de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), producto del impuesto a la gasolina, puede llegar a serlo y evitar que el Lanamme pueda cumplir con la fiscalización de la carpeta asfáltica del país. El Estado también adeuda al Recinto de Paraíso alrededor de ₡300 millones, aunque el Dr. Jensen bajó el perfil a esta morosidad al recordar que estos montos a veces se acumulan y se hace un giro retroactivo de varios meses.

El rector cerró este tema haciendo un llamado a la comunidad universitaria a ser consciente y solidaria ante la difícil situación económica que atraviesa la institución y el país.

Interinazgo. El Dr. Jensen también hizo un llamado a las autoridades académicas de la UCR para que cumplan con la entrega del Plan de Reducción del Interinazgo que solicitó la Rectoría desde el pasado 23 de mayo y que las escuelas deben presentar a más tardar el próximo 31 de agosto.

«Si logramos reducir el interinazgo entre un 20 o un 30 por ciento nos acercaríamos a una situación de justicia deseable”, insistió el rector.

El reto reside en la variedad de los tipos de nombramiento y las fuentes presupuestales para su pago: presupuesto ordinario, vínculo externo, servicios especiales de la Vicerrectoría de Docencia y servicios especiales de Rectoría.

Cabe destacar que son las asambleas de escuela las que definen si un docente interino puede recibir la propiedad. Los principales candidatos son aquellas personas que han sido nombradas por más de tres cuartos de tiempo en cuatro semestres consecutivos. La UCR busca así responder a los planes de desarrollo de las unidades académicas.