Publicado: 2017-07-07

Un grupo de 22 diputados de varios partidos políticos presentaron el 4 de julio en la Asamblea Legislativa el proyecto “Ley sobre el uso eficiente del espectro radioeléctrico en radiodifusión sonora y televisiva”, (expediente 20 446) con miras a actualizar el espectro ante el paso de la televisión analógica a la digital, que permitirá operar en más canales a cada frecuencia y televisión, a partir del 15 de diciembre.

Por una parte, la propuesta consolida y asegura las concesiones existentes y, por otra, hace que el Estado asuma la obligación que le compete a procurar una mayor calidad y diversidad de contenidos en beneficio de la población del país. El objetivo final es que la desconcentración de medios de comunicación fortalezca la democracia.

Es al Estado al que le corresponde “asegurar la eficiente y efectiva asignación, uso, explotación, administración y control del espectro radioeléctrico y demás recursos escasos”, a través de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), según dicta la Ley 8642. Debido a esto, el proyecto propone una serie de principios y regulaciones que llenan el vacío normativo que existe en torno al proceso de digitalización de estos servicios.

Esta iniciativa brinda un marco general que el Poder Ejecutivo regule lo referente a la radiodifusión. Entre los principios que se establecen, están la calidad y diversidad de contenidos, la progresividad tecnológica, respeto a los derechos humanos, libre competencia, libertad de expresión, neutralidad tecnológica y pluralismo.

Así también lo dispone el Informe DFOE-IFR-IF-05-2013 de la Contraloría General de la República (CGR), que señala que el régimen de la radiodifusión abierta presenta una serie de debilidades, debido a que la Ley de Radio es obsoleta, incompleta y desactualizada. El documento señala que la normativa actual es insegura para normar los hechos y situaciones jurídicas del uso del espectro radioeléctrico asignado a los servicios de radiodifusión sonora y televisiva de acceso libre.

Las repetidoras que se obtengan de cada frecuencia son del Estado, el cual deberá subastarlas con criterios amplios para asignarlas a la sociedad civil, tanto pública como privada. Eso garantizará a Costa Rica una mayor libertad de expresión, voces más diversas que enriquecerán la cultura e identidad de la población.

“La digitalización de la televisión abierta es un cambio tecnológico que implica un uso más eficiente del espectro radioeléctrico. Debido a este proceso, será posible transmitir una cantidad de datos y contenidos mayores en un espacio del espectro menor. En términos prácticos, esto posibilita que en el espacio donde actualmente se transmite un canal de televisión abierta en analógico, puedan transmitir hasta 4 subcanales diferenciados, de manera simultánea”, afirma la justificación del poryecto.

Reserva del espectro para la UCR, SINART y UNED

La iniciativa garantiza una reserva del espectro para fines públicos, sociales y educativos.  Esta reserva se fundamenta en leyes aprobadas anteriormente por la Asamblea Legislativa, que le otorgan frecuencias a la Universidad de Costa Rica (UCR), el Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Otro aspecto relevante de la iniciativa presentada esta semana, es que actualiza el canon de reserva del espectro radioeléctrico para ajustarlo a la realidad económica actual. El diputado Javier Cambronero, del Partido Acción Ciudadana (PAC), señaló que no es posible que las televisoras paguen un canon menor a 150 mil colones y las radioemisoras 3 mil colones por año.

El proyecto propone también la creación de una contribución parafiscal especial para crear el Fondo Nacional de Radiodifusión (FONARAD) que se destinaría a crear una red neutra estatal – operada por el SINART – para albergar señales de televisión privadas, públicas o comunitarias, tal y como lo indicó la Fracción del Frente Amplio.

El FONARAD fomentaría la producción de contenidos audiovisuales, mediante el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica (CCPC). Estos recursos apoyarán la compra de los decodificadores de TV digital para población en pobreza extrema.

Tal como se indicó en la conferencia de prensa, las propuestas de este nuevo expediente están basadas en experiencias internacionales de países con fuertes economías de mercado como Inglaterra, Chile y México, y adaptadas al contexto costarricense.

De acuerdo con la Licda. Giselle Boza, directora del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública de la UCR, y quien también participó en el recién concluido I Foro Institucional 2017, el país tiene un sistema de medios de comunicación excluyente, absoltamente comercial y discriminatorio.

Durante la clausura del I Foro Institucional 2017, el Dr. Henning Jensen, rector de la UCR, mencionó la urgencia de contar con nuevas voces entre los medios de comunicación del país. “Necesitamos una nueva ley que actualice y regule de mejor modo la coyuntura actual de las empresas informativas y facilite la operación de medios comunales o asociativos”.

Erika Henchoz
Periodista, Rectoría
erika.henchoz@ucr.ac.cr