Publicado: 2017-10-03

El Consejo de Rectoría de la Universidad de Costa Rica

Teniendo en cuenta,

1.- Que la declaratoria de 2017 como año de las universidades públicas por la vida, el diálogo y la paz, ha tenido como propósito potenciar una cultura universitaria de respeto y vivencia de los derechos humanos que permita alcanzar mayores niveles de paz social y equidad para lograr una sociedad más justa, un mundo mejor y una base solidaria para las futuras generaciones.

2.- Que la promoción y respeto a los derechos humanos de todas las personas presupone la existencia de un sólido aparato de justicia que merezca la confianza de la ciudadanía de que sus conflictos serán resueltos por tribunales imparciales, que apliquen el derecho vigente, previa investigación objetiva y exhaustiva, sin que haya duda alguna de que las decisiones puedan obedecer a intereses espurios.

3.- Que una de las mayores amenazas a los estados democráticos de derecho está dada por el flagelo de la corrupción en la función pública, que implica un abuso de los aparatos de poder en beneficio de unos pocos y que tiene, como consecuencias, la pérdida de recursos públicos destinados a atender necesidades de las mayorías, con el consecuente incremento de la desigualdad social y la afectación de credibilidad de las instituciones democráticas, entre ellas el Poder Judicial.

4.- Que, para garantizar la legitimidad de los sistemas de justicia, los organismos internacionales de protección de DDHH han señalado la inconveniencia de crear trabas formales o zonas de impunidad, han normado la relativización de algunos derechos sobre todo de funcionarios públicos y han establecido, en torno a la garantía de imparcialidad, que “hasta las apariencias cuentan” (inter alia, Corte IDH, Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, párr. 170 y Fontevecchia y D’amico Vs. Argentina).

5.- Que, en los últimos meses, la prensa nacional ha revelado una serie de acontecimientos que involucran a funcionarios públicos de los diferentes poderes del Estado, incluido el Poder Judicial a través de sus diferentes órganos, lo que, en cualquier Estado de Derecho, exige una investigación profunda, diligente, pronta y transparente, libre de cualquier suspicacia o duda sobre la rigurosidad e imparcialidad, para que, si las hubiere y previo cumplimiento de un debido proceso, se sienten las responsabilidades políticas, éticas y penales que correspondan.

 

Acuerda:

1.- Solicitar a los órganos del Poder Judicial el cumplimiento escrupuloso de las normas y principios de derecho internacional que permitan tener confianza en la profundidad, imparcialidad, objetividad y seriedad de las investigaciones que se realizan respecto de funcionarios de otros Poderes del estado y de ese Poder de la República.

2.- Pedir a la Procuraduría General de la República que, para fortalecer la objetividad y legitimidad de las actuaciones judiciales y responder al deber de investigar y vigilar que, al amparo del Derecho Internacional, tiene el Estado respecto de sus funcionarios, haga uso de su competencia legal de ejercer la acción penal en materia de delitos contra la función pública (artículo 16 párrafo segundo del CPP) iniciando las investigaciones pertinentes, máxime cuando estas involucren a funcionarios de los Poderes del Estado.

3.- Instar a la Asamblea Legislativa a que, dados los nombramientos de magistraturas pendientes para el Poder Judicial, se re-diseñen procedimientos que garanticen una amplia y pública participación ciudadana en la postulación y escrutinio de los candidatos y candidatas para los puestos vacantes y que su designación se efectúe en función de los más estrictos estándares internacionales de idoneidad, desterrándose prácticas de comparecencias privadas entre electores y elegidos pues estos deben resolver, en no pocas ocasiones, causas de aquellos.

4.- Estimular a las universidades públicas para que promuevan foros académicos de discusión que culminen con propuestas concretas de modificación de las normas y prácticas vigentes en materia de designación de diputaciones, magistraturas, judicatura y fiscales, con el fin de potenciar criterios de idoneidad, evitar el tráfico de influencias y establecer un mayor balance de pesos y contrapesos.

5.- Instar a la prensa y a la ciudadanía en general a que, en ejercicio de su libertad de pensamiento y expresión apegada a criterios éticos y del debido proceso, indaguen y denuncien todas aquellas prácticas que pongan en entredicho la institucionalidad costarricense.

6.- Divulgar este acuerdo por todos los medios institucionales y hacerlo de conocimiento de la ciudadanía.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, al 1º dia del mes de octubre de 2017.

Dr. Henning Jensen Pennington, Rector
M.L. Marjorie Jimenez Castro, Vicerrectora de Accion Social
Dr. Carlos Araya Leandro, Vicerrector de Administracion
Dra. Marlen Leon Guzman, Vicerrectora de Docencia
Dr. Fernando Garcia Santamaria, Vicerrector de Investigacion
M. Sc. Ruth De la Asuncion Romero, Vicerrectora de Vida Estudiantil

Campo pagado publicado en el diario La Nación el 1º de Octubre de 2017