Juicio por demanda de UCR contra CCSS ya tiene fecha
Publicado: 2017-11-29
El Tribunal Contencioso Administrativo dio a conocer que el juicio oral por deudas tras el programa PAIS se llevará a cabo en octubre de 2018 (Foto: Archivo ODI)
El proceso administrativo de la Universidad de Costa Rica (UCR) contra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por la administración de varios Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais) podría iniciar su etapa final en octubre de 2018.
Así lo informó el Tribunal Contencioso Administrativo del II Circuito Judicial de San José, que notificó a la Oficina Jurídica universitaria la fecha de la audiencia oral de recepción de pruebas y presentación de conclusiones. Luego será dictada la sentencia.
“Dichosamente, a pesar de la prolongada mora judicial, ya tenemos una fecha señalada para iniciar la etapa final de este proceso. Interponer esta demanda fue la última alternativa para el reintegro de la cuantiosa suma que la CCSS adeuda a la Universidad, a pesar de que la UCR intentó en varias ocasiones que la CCSS solucionara el desequilibrio financiero que hubo en la gestión de esos Ebais”, explicó el Dr. Luis Baudrit, jefe de la Oficina Jurídica (OJ), entidad que lidera este proceso.
La demanda surgió tras el cierre del Programa de Atención Integral en Salud (PAIS), mediante el cual, desde 1997 hasta el 2014, la UCR asumió la atención de 45 Ebais, ubicados en Montes de Oca, Curridabat y San Juan, San Diego y Concepción de La Unión. El cierre del programa se debió a que la CCSS no reconoció los costos reales del programa, acumulando una deuda que hizo incurrir a la UCR en grandes pérdidas. En la demanda se pide ordenar a la CCSS que pague a la UCR más de tres mil millones de colones.
Acción social al servicio de la salud
El PAIS tuvo origen en un convenio marco entre la UCR, la CCSS y el Ministerio de Salud, suscrito el 17 de noviembre de 1997, cuyo fin era desarrollar y poner en práctica un modelo de atención de la salud pública en los cantones de Montes de Oca y Curridabat bajo una visión humanista, integrando sus funciones esenciales de docencia, investigación y acción social a los servicios prestados.
Según explicaron las abogadas Adriana Gutiérrez y Duánnier Del Sol, encargadas de defender a la UCR en este caso, en el año 2002 la Universidad incorporó a todo el personal de los Ebais en la planilla universitaria, tras una indicación de la Contraloría General de la República.
Esto, aunado con otros gastos, implicó que se incrementaran paulatinamente los costos de la gestión de estos centros. Sin embargo, la CCSS dejó de reconocer los costos reales del PAIS, que estaban relacionados con la calidad de los servicios que la Universidad había brindado. Por ello, la UCR advirtió en varias ocasiones a la Caja que se debían cumplir los pagos para revertir el déficit en el que la Universidad estaba incurriendo.
En marzo de 2013, luego de intensas negociaciones para resolver las diferencias, ambas instituciones acordaron prorrogar el contrato por un último plazo, hasta el 14 de febrero de 2014. Para ese momento, la UCR entregó más de 500 mil expedientes clínicos y otros documentos, y logró la reubicación de aproximadamente el 75% de los 455 trabajadores y trabajadoras de este programa.
Conflicto por las deudas
Tanto Gutiérrez como Del Sol explicaron que, en el período de transición, la UCR y la CCSS integraron una comisión técnica para definir el monto que la Caja debía reintegrar a la Universidad por motivo de la diferencia entre la inversión real del PAIS y lo que la CCSS reconocía.
En julio de 2014, sin embargo, la CCSS manifestó que rechazaba este reclamo administrativo. Tras esta nueva negativa, la UCR interpuso una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo. La audiencia preliminar se fijó para el 5 de mayo de 2016.
“Ese día, el abogado de la Caja indicó que su representada prefería conciliar, y el juez dio dos meses de tiempo para que se presentara la propuesta y se llevara a cabo la negociación. Sin embargo, la pretensión de la CCSS era formar un nuevo equipo de trabajo, y no presentó ninguna propuesta, por lo cual al cabo de los dos meses la UCR solicitó que se retomara el proceso”, explicó Gutiérrez.
El 15 de noviembre de 2016 se realizó una nueva audiencia preliminar en la que se admitieron las pruebas y los testigos para cada institución.
Ahora que se cuenta con una fecha para el juicio oral, las abogadas mencionaron que se debe preparar la audiencia con una nueva revisión del material presentado ante el Tribunal, así como estudiar el expediente, las pruebas y emitir las conclusiones. Cabe destacar que tanto Gutiérrez como Del Sol llevan este caso mediante un recargo salarial por gestión jurídica especial, aunado a los demás procesos que atienden en la Oficina Jurídica.
“Desde que inició este proceso contencioso hemos recibido más de 32 cajas llenas de carpetas con documentos, los cuales leímos, ordenamos y clasificamos para documentar cada etapa del Programa de la manera más transparente posible, y reconstruir una historia que había iniciado más de quince años atrás”, explicó Del Sol, quien además participó en el proceso de construcción del cobro administrativo.
Caterina Elizondo Lucci
Periodista, Rectoría
caterina.elizondo@ucr.ac.cr