Pablo Mora Vargas, Periodista, Rectoría
pablo.moravargas@ucr.ac.cr
Publicado: 2017-06-26

Muy crítica y directa fue la investigadora de la Universidad de Costa Rica, M.Sc. Gabriela Arguedas, al señalar los intereses políticos de quienes realizaron el estudio de la Academia de Centroamérica – entidad privada -, como posible motivación para concluir que existe una supuesta deficiencia en el uso de los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), debido a que el crecimiento en matrículas y graduados no marcha de forma paralela al incremento de ese presupuesto, y así poner en tela de duda la eficiencia en la ejecución de ese financiamiento.

La M.Sc. Arguedas, quien labora para el Centro de Investigaciones y Estudios de la Mujer (CIEM), participó el viernes junto con un grupo de expertos convocados por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE, que reúne a la UCR, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional) en una mesa redonda para analizar la metodología y las conclusiones de este estudio.

Básicamente, el informe de la Academia de Centroamérica dividió el monto del FEES entre el número de matriculados y graduados para demostrar que las universidades públicas fallan en la ejecución de ese dinero, pues según sus expertos, no existe un crecimiento paralelo entre el FEES y la matrícula y los egresados. Todo ello sin tomar en cuenta la inversión hecha por la educación superior pública en rubros tan fundamentales como la investigación y la acción social, las cuales a su vez nutren la calidad docente.

Consultada al finalizar la mesa redonda, la investigadora aseguró que el estudio presenta errores metodológicos serios, que no son ni siquiera aceptables en un trabajo promedio de un curso universitario, y puso en duda las motivaciones científicas que llevaron a los investigadores de la Academia de Centroamérica a realizar conclusiones que menoscaban la función docente de las universidades públicas y sin valorar tampoco el impacto de la inversión en investigación y acción social para la mejora de la calidad de vida del país con estos trabajos.

En el conversatorio, que duró al alrededor de tres horas, participaron además las investigadoras: Magaly Rodríguez, de la UNA; y Marcela Román, del Estado de la Educación (adscrita al Estado de la Nación, elaborado por CONARE) y los investigadores de la Academia de Centroamérica: Miguel Loría y Edna Camacho. Tanto Arguedas, Rodríguez y Román desmontaron las imprecisiones del estudio.

En el caso de Román, también evidenció los errores metodológicos presentes en la propuesta del estudio, así como los vacíos para definir el costo por estudiante entre las instituciones públicas.

Según las expertas, otra de las equivocaciones metodológicas radica en que la Academia de Centroamérica se basó en la Encuesta Nacional de Hogares para realizar estimaciones de matrícula y otros señalamientos, a pesar de que este instrumento no aplica como variable para llegar a las conclusiones que ofrece el estudio.

Las investigadoras acusaron que tampoco se tomó en cuenta la baja aprobación de bachillerato en secundaria o la preferencia de los colegiales de dedicarse por completo a una actividad remunerada antes de ingresar a la universidad, lo cual impide un incremento mayor en la demanda de cupos de las instituciones reunidas en CONARE.