Publicado: 2017-06-08

La transición hacia la televisión digital que experimenta Costa Rica es una oportunidad para fortalecer el pluralismo y la diversidad mediática, y el Estado debería tener un papel predominante en este proceso. Sin embargo, aún no asume un papel activo y robusto para garantizar y propiciar la libertad de expresión.

Estas fueron algunas de las conclusiones de las y los expositores en la primera sesión del I Foro Institucional del 2017, llevada a cabo este miércoles 7 de junio. Cada año, la Comisión Especial Interdisciplinaria de la Rectoría organiza espacios de análisis, reflexión e intercambios de ideas sobre aquellos temas que tienen especial relevancia nacional e internacional.

En esta ocasión, el Foro reunirá durante las mañanas de todos los miércoles del mes a comunicadores destacados en la academia, la investigación y los medios de comunicación, para analizar las prácticas democratizadoras de la información, así como el entorno legal de la libertad de expresión y las maneras en que desde la comunicación se puede fomentar la participación ciudadana.

Durante la primera mesa redonda del foro, llamada El entorno legal y la jurisprudencia de la libertad de expresión en Costa Rica, el Dr. Ricardo Salas, Letrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), abordó la definición y algunas normas de la libertad de expresión a la luz de temas como los asuntos públicos y las responsabilidades que se derivan de ejercer este derecho, como los delitos contra el honor.

Asimismo, la M. Sc. Rosaura chinchilla, Jueza de la República y catedrática de la misma facultad, hizo un comentario sobre este tema, acotando que la libertad de expresión no se agota en la emisión de pensamientos y opiniones transmitidas únicamente en medios tradicionales de comunicación, ni que el marco normativo se agota en las normas constitucionales.

“La libertad de expresión también comprende manifestaciones artísticas; influye enormemente en el derecho a la educación; la protesta social, los derechos de la ciudadanía ante las publicidades engañosas, e incluso la libertad de expresión de los periodistas en los medios para los que trabajan. En Costa Rica no hay una real garantía de que los filtros se aplican y hay accesos a los parámetros que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que el derecho se vuelve líquido, amorfo, y creo que genera peligro al acortar los límites de la libertad de expresión”, indicó Chinchilla.

La segunda mesa redonda, denominada Los desafíos del Estado en la Libertad de Expresión, abordó el papel del Estado en relación con esta libertad. El M.Sc. Eduardo Ulibarri, catedrático de la Escuela de Comunicación de la UCR, explicó que este papel podría resumirse en ser garante y a la vez propiciador de la libertad de expresión, entendiendo su rol como un protector y a la vez impulsor de la búsqueda, recepción y transmisión de información sin censura.

“La libertad de expresión es indivisible; no hasta con poder manifestarse, sino que es necesario que esté acompañada de un libre acceso a la información. Un ambiente democrático permite que florezca esta libertad dual, pues es tanto individual como colectiva, y por ende es una forma de generar el diálogo público”, expresó Ulibarri.

Por otra parte, la Licda. Giselle Boza, coordinadora del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (PROLEDI) de la UCR, indicó que tradicionalmente el Estado costarricense ha seguido políticas de no intervención en la regulación de esta libertad, puesto que no ha asumido un papel activo para generar las condiciones par que la libertad de expresión sea ejercida en condiciones de igualdad y no discriminación.

“No podemos continuar en un marco normativo en el que el Estado no interviene en la regulación de concentración de medios o de participación pública, pero tampoco buscamos un marco que exceda la intervención estatal. En el contexto de la convergencia mediática, el Estado debe reconocer el desarrollo de una ciudadanía comunicativa, pues la libertad de expresión no es únicamente libertad de prensa”, explicó Boza.

La Dra. Lidieth Garro, investigadora adscrita al PROLEDI, comentó esa mesa acotando que existen diversas propuestas que podrían permitir avanzar en este camino. Una de ellas sería un código de ética en la asignación de la publicidad del Estado, de modo que no caiga en ser una normativa ‘mordaza’, y pueda fortalecer los medios de comunicación no tradicionales. Asimismo, enfatizó en el aprovechamiento de los recursos tecnológicos para que las personas tengan cada vez más habilidades de convertirse en agentes de comunicación.

Las mesas redondas continuarán el próximo miércoles 14 de junio, a las 8:00 a.m., en el Auditorio del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP). Para más información, consulte el programa del I Foro Institucional.

Caterina Elizondo Lucci
Periodista, Rectoría
caterina.elizondo@ucr.ac.cr