Publicado: 2016-02-24

Aquellas personas que perciben ingresos económicos bajos y que no cuentan con los recursos para pagar un abogado que resuelva temáticas como conflictos familiares, laborales, administrativos, civiles, de herencias y otros, tienen la opción de solicitar el servicio de los Consultorios Jurídicos, que pone a su disposición la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) tras un estudio detallado de su condición de vulnerabilidad.

Los casos que llegan a estos consultorios son atendidos por estudiantes de Derecho, quienes a manera de práctica brindan la consulta jurídica como parte de su programa de estudios en el segundo semestre de cuarto año. Ellos son asesorados por 16 abogados profesionales.

Cada estudiante debe asistir a los consultorios jurídicos de la UCR cuatro horas por semana, hasta completar las 208 horas que exige el programa de estudios. Los centros de atención están ubicados en la Facultad de Derecho, en el I y II Circuito Judicial, Desamparados, Pavas, Defensoría de los Habitantes, Instituto Nacional de las Mujeres, Heredia y la Sede de Occidente (San Ramón). Los horarios varían, dependiendo del lugar de atención.

Los estudiantes que acuden a los consultorios deben incluso trabajar en su casa, de forma que puedan elaborar escritos propios de los casos. Al llegar a la Facultad de Derecho, revisan las notificaciones y atienden a las personas.

De enero a octubre de 2015, los Consultorios Jurídicos analizaron 3037 casos activos, 690 quedaron archivados y 870 fueron concluidos, para un total de 4597 casos. Este es un número considerable de procesos que no podrían ser asumidos económicamente por la Corte Suprema de Justicia debido a su alto costo, de ahí la importancia que tiene esta iniciativa de la UCR para la sociedad.

Para conocer si los solicitantes de los Consultorios Jurídicos cumplen con los requisitos de atención, uno de los abogados y un estudiante revisan los documentos que el interesado debe traer: la orden patronal o de desempleo, residencia, propiedades inmuebles, certificaciones de vehículos y otros. Una vez presentado el expediente, se analiza la necesidad de la persona y se la anuncia el resultado de la valoración.

La Facultad de Derecho de la UCR forma parte de la Comisión para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, donde hay representación de jerarcas de todas las instituciones del Estado que tienen relación con el derecho: Contraloría, Procuraduría, Defensoría de los Habitantes, Colegio de Abogados, el diputado presidente de la Comisión de Asuntos Legales de la Asamblea Legislativa y la Facultad de Derecho de la UCR. Esta es presidida por el magistrado Román Solís.

Según explica la directora de Acción Social de la Facultad de Derecho, Prof. Olga Marta Mena, “esta comisión diseña estrategias para el mejoramiento de la administración y el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad. Las alianzas que tenemos con otros organismos son muy importantes porque colaboramos con las necesidades de la Corte, ya que ellos no pueden atender de forma gratuita esta población. Ellos nos ayudan económicamente para que nosotros lo hagamos”.

El apoyo que brinda la Corte Suprema de Justicia a los Consultorios Jurídicos incluye la autorización a los estudiantes de Derecho para asistir a las audiencias para representar a sus usuarios. “Es por ello que los alumnos universitarios tienen una preparación especial, pues una vez en los tribunales, ellos son quienes deben exponer los casos”, señaló la Prof. Mena.

Otro servicio ligado a los Consultorios Jurídicos es la Casa de la Justicia, creada desde 2007, producto de un convenio de la Facultad de Derecho con el Ministerio de Justicia. Está ubicada en el primer piso de Derecho y es administrada por abogados – mediadores, pero siempre bajo la tutela del Ministerio de Justicia.

En este sistema, las partes enfrentadas resuelven conflictos como disputas vecinales, de arrendamiento, divorcios, laborales y otros. El abogado y cada lado intentan consensuar un acuerdo hasta llegar a un punto que las deje satisfechas. El caso solo se archiva si uno de las partes (o ambas) abandona el proceso. Una vez alcanzado un acuerdo, el único paso pendiente es la homologación del juez para declarar resuelto el diferendo. Actualmente hay 375 casos en esa instancia.

Pablo Mora Vargas
Periodista, Rectoría
pablo.moravargas@ucr.ac.cr