Publicado: 2016-10-14

Un recuento del proceso de compra de un terreno en Esparza para la Sede del Pacífico, así como detalles de la denuncia de la Convención Colectiva y actualización sobre los acuerdos en relación con el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), fueron los temas que el rector Henning Jensen abordó durante el último Consejo de Rectoría Ampliado.

El encuentro reunió la tarde del miércoles 12 de octubre a vicerrectores; jefes de oficinas administrativas y directores de sedes, estaciones experimentales, unidades académicas, posgrados, centros e institutos de investigación.

Finca de Esparza. El rector se refirió al proceso de compra de dos fincas en Nances de Esparza, que complementan el campus de la Sede del Pacífico y en donde actualmente se construyen instalaciones que albergarán, principalmente, la carrera de Informática y Tecnología Multimedia. El terreno tiene un poco más de 15 hectáreas, y fue adquirido en el 2009.

“Un conjunto de publicaciones han difundido rumores falsos e insidiosos que dañan el tejido institucional y provocan morbidez en la estructura y la convivencia universitaria. La compra del terreno que se adjudica a la Sede del Pacífico se efectuó siguiendo todos los procesos institucionales y nacionales correspondientes”, explicó Jensen.

Las publicaciones a las que se refirió el rector, hechas en el medio puntarenense “Lo que dice la gente”, insinuaban que existía un parentesco entre la familia Jensen Villalobos y la sociedad Inversiones Rodríguez Villalobos de Nances de Esparza S.A., antigua dueña de las fincas, así como sugerían que se había segregado de ella un lote para reservarlo a nombre de esta sociedad.

Jensen explicó que ambas aseveraciones son falsas, y no hay conflicto de intereses alguno en la compra de la finca pues esta se realizó con la gestión y aprobación de la Asamblea de Sede y las verificaciones necesarias de la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI), la Rectoría, el Consejo Universitario, la Contraloría Universitaria y la Contraloría y Procuraduría General de la República. Para facilitar a la comunidad universitaria información sobre esta compra, la Rectoría puso a disposición diversos documentos relacionados.

Así se verá el edificio que albergará la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Informática y Tecnología Multimedia en el campus de Esparza (imagen cortesía OEPI).

Convención Colectiva. Este convenio, suscrito entre Universidad de Costa Rica y el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU) en 1992, establece las condiciones económicas y sociales de los trabajadores de esta institución.

La actual Convención Colectiva vence el 2 de marzo del 2017 por lo cual el rector Jensen explicó el interés de renegociarla; es decir, realizar una propuesta de revisión para modificar algunos de sus artículos.

“La última vez que la Convención Colectiva fue modificada fue en 1996. Es necesario contar con un convenio que se adapte a las necesidades de las y los trabajadores de la universidad en los tiempos actuales”, expresó Jensen.

Las modificaciones incluyen volver al 3% en el pago de anualidades, que a raíz de una decisión administrativa fue elevada al 5,5% por el Consejo Universitario en el 2009. Este aumento, que rige actualmente, compromete las finanzas de la institución. Sin embargo, la negociación no debe reducirse a los aspectos salariales, mencionó el rector.

“Queremos reconocer nuevos derechos laborales que no necesariamente se traducen en egresos. Mejores licencias por paternidad, asistencia a los enfermos y equidad de género son algunos de los aspectos que introduciremos para contar con una convención moderna y ejemplar”, agregó.

El rector fue enfático en afirmar que no se denunciará toda la convención, sino que la denuncia será parcial. Asimismo, aclaró no se trata de una imposición de la administración, sino de una negociación entre la administración y el sindicato. En este momento una comisión está realizando un texto sustitutivo que será entregado al SINDEU y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esta cartera comprobará que no se afecte el Código de Trabajo y, tras recibir su visto bueno, iniciarán las negociaciones.

FEES. El último tema al que el rector se refirió fue el presupuesto de las universidades públicas para el próximo año, aprobado por la Comisión de Enlace (integrada por el Poder Ejecutivo y el Consejo Nacional de Rectores, CONARE) a finales de agosto por un monto de ¢478.570 millones.

La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa recibió en setiembre el Presupuesto Ordinario 2017 y, hasta mediados de esta mes, ha llamado a comparecer a varias autoridades del Poder Ejecutivo y a rectores de universidades públicas para discutir el presupuesto.

Una subcomisión nombrada para su estudio presentó a esta comisión un informe de mayoría y otro de minoría; el primero de ellos sugiere presentar una moción que persigue redistribuir el FEES. Sin embargo, esta medida es inconstitucional.

“Los rectores de las universidades hemos estado atentos a cualquier moción que afrente el presupuesto para la educación superior estatal; no permitiremos que se reduzca el FEES, ni que se modifique la distribución que ya ha sido acordada por este órgano”, explicó el rector.

A finales de este mes el presupuesto de la República se dictaminará en esta comisión, y pasará al plenario legislativo para ser discutido.

Caterina Elizondo L.
Periodista, Rectoría
caterina.elizondo@ucr.ac.cr