Casa de la Justicia atiende más de 800 disputas de personas con bajos recursos económicos
Publicado: 2016-11-16
La Casa de Justicia ahorra tiempo y dinero al Poder Judicial, al resolver conflictos de forma rápida y al reducir el costo de la mediación, indicó la M.Sc. Anahí Fajardo. Foto: Pablo Mora/Rectoría.
En la Universidad de Costa Rica (UCR) existe una alternativa para la resolución de conflictos entre personas que carecen de los recursos para pagar los servicios de un proceso judicial: la Casa de la Justicia, adscrita a la Facultad de Derecho y que en los últimos dos años ha acompañado más de 800 casos, de forma gratuita para sus usuarios.
La Casa de la Justicia de la UCR inició sus funciones en el año 2006. Se basa en la mediación y la conciliación para resolver disputas. Está afiliada a la Dirección Nacional de Resolución Alternativa de Conflictos (Dinarac), órgano adscrito al Ministerio de Justicia, que autoriza el funcionamiento de las casas de la justicia y además se encarga de fiscalizar el ejercicio de la resolución alterna de conflictos en Costa Rica. En el caso de la UCR, la Casa de la Justicia es financiada por la institución.
Esta instancia resuelve conflictos en cuatro tipos de materias: laboral, familiar, civil y vecinal. Los casos más frecuentes son: disoluciones de vínculo matrimonial, definición de montos para pensiones alimentarias, cuido de adultos mayores y discordias vecinales, entre otros.
Los interesados deben solicitar una cita para conocer si su perfil socioeconómico califica o no para acceder a estos servicios, o bien, si es posible hacer una mediación dependiendo de las características del conflicto Es indispensable también que haya voluntariedad, o sea, que las dos partes en disputa deseen buscar una salida negociada a su problema.
“Una vez que se toman todos los datos de una de las partes, se hace lo mismo con la contraparte. Se admite un máximo de cuatro personas involucradas en un solo caso. Tras aprobarse esos filtros, se cita a una audiencia de conciliación, que son diálogos que pueden poner fin al conflicto de forma consensuada”, explicó la coordinadora de la Casa de la Justicia, M.Sc. Anahí Fajardo.
Pese a que este tipo de entendimientos tienen carácter de sentencia judicial, en algunos casos el acuerdo entre las partes debe ser homologado por un juez, como ocurre cuando tienen relación con temas de familia.
Uno de los factores de éxito de la Casa de Justicia es que se brinda a las partes la posibilidad de dialogar, algo que con frecuencia no hacen por estar enfrentadas. A veces incluso acuden con años sin hablar entre ellas, lo cual hace de este sistema un método democrático y favorece a la paz social.
Hasta el momento, la Casa de la Justicia atendió a 800 casos en los últimos dos años, de los cuales 700 ya finalizaron. Además, tiene a 110 usuarios en espera de cumplir con los requisitos. Es importante aclarar que las partes involucradas pueden dar por finalizado el proceso en cualquier momento, pero que una vez llegados a un acuerdo, este debe ser respetado a cabalidad.
Además, si se detecta que entre las personas una de ellas ejerce una presión de poder sobre la otra, se debe detener ese proceso, porque se violenta la libertad en el diálogo.
Si se incumple, el acuerdo puede llevarse a la vía judicial en los tribunales de justicia para que la parte que incumplió se vea obligada a respetarlo.
“La mayoría de nuestros usuarios ya están enterados de este servicio por consultorios jurídicos, por boca de conocidos o por la misma administración de justicia, a través de los juzgados. Llegan con la idea de que resolverán sus diferencias de forma expedita y segura. Parte de esa seguridad es porque nosotros, al ser abogados, no vamos a violentar la justicia. Otra ventaja: cuando hay una solicitud de algunos documentos públicos, esta se hace de forma gratuita; así contribuimos con la población a tener un acceso más equitativo al sistema judicial”, señaló la M.Sc. Fajardo.
A diferencia de los Consultorios Jurídicos, la Casa de la Justicia posibilita la resolución de conflictos fuera de los tribunales. Por su parte, los consultorios asumen la defensa de las partes en un proceso judicial.
Es necesario que el abogado conciliador esté autorizado por la Dinarac. Incluso, cuando el acuerdo se redacta, debe indicarse el número de la resolución que lo autoriza a dar a el carácter de efecto legal a la sentencia.
Si usted desea más información sobre los servicios de la Casa de la Justicia de la UCR, puede comunicarse al teléfono 2511-1558, con Rocío Méndez, asistente de la oficina.
Pablo Mora Vargas
Periodista, Rectoría
pablo.moravargas@ucr.ac.cr