Gustavo Fernández Q., Periodista, Rectoría
gustavo.fernandez_q@ucr.ac.cr
Publicado: 2013-11-20

La decisión de no renovar el contrato del Programa de Atención Integral en Salud (PAIS) después del próximo 14 de febrero fue, sin lugar a dudas, difícil pero correcta. Después de casi 15 años de brindar el servicio, el modelo de atención del PAIS dejó de ser de interés para la CCSS, y la UCR pasó a ser vista como una simple proveedora comercial. Ello a pesar de los esfuerzos de la Universidad, a través de sus funcionarios, profesores y estudiantes, por ofrecer una atención con rostro humano, bajo una perspectiva integral, humanista y solidaria.

La CCSS, institución que es bien sabido atraviesa tiempos difíciles, dejó de interesarse en el valor agregado que la UCR aportaba al servicio mediante proyectos de docencia, investigación y acción social. Más grave aún: se negó a cubrir el costo real del Programa, provocando que la UCR incurriera en pérdidas significativas, de casi ¢ 13 000 mensuales por habitante. Con una población total cubierta de cerca de 180 000 personas, el déficit se volvió millonario e inmanejable.

Pese a este complejo panorama, la última opción que la Administración valoró fue no renovar el contrato. Previamente, la UCR propuso el reconocimiento del valor económico del Programa por parte de la CCSS, o que esta asumiera directamente el servicio. Cuando se hizo claro que no existía otra alternativa, se tomó la difícil y dolorosa resolución de finiquitar la contratación. Proceder de manera diferente hubiera perjudicado la estabilidad financiera de la Universidad y, por tanto, el buen desarrollo de su función constitucional: prestar un servicio educativo de calidad.

La Administración comparte plenamente la reivindicación de la salud como un derecho público de primer orden. Mediante oficio R-5697-2013 se exhortó una vez más, por escrito, a la CCSS para que asumiera directamente la administración de los EBAIS, como lo establece la Carta Magna, en lugar de darlos en concesión. Esta recomendación no se aceptó, y el contrato de administración fue adjudicado a una universidad privada, a partir del 15 de febrero del 2014.

Siendo claro que la continuidad del PAIS es materialmente inviable, y que las decisiones sobre la futura administración de los EBAIS no está en manos de la UCR, el movimiento de huelga iniciado el 11 de noviembre resulta totalmente erróneo, pues enrumba sus energías contra una institución cuyo único propósito ha sido preservar la estabilidad universitaria.

La UCR ya ha reubicado aproximadamente al 10% de los trabajadores del PAIS, y en el proceso exploró opciones para lograr la continuidad laboral de los demás. Se analizó y propuso, por ejemplo, la posibilidad de que los funcionarios y las poblaciones afectadas crearan una organización basada en principios de economía social, democrática y sin fines de lucro, que brindara el servicio, pero esta opción no contó con el respaldo necesario. También se solicitó a la CCSS que recontratara al personal, algo a lo cual esta se negó a comprometerse.

Hemos estado abiertos al diálogo. Producto de ese diálogo, el pasado 14 de noviembre las autoridades universitarias informaron sobre el acuerdo alcanzado con el SINDEU para deponer la huelga. El acuerdo fue firmado por la Secretaria General del sindicato, pero la Asamblea de Trabajadores lo rechazó horas después.

El SINDEU y los trabajadores de los EBAIS deben tomar conciencia tanto de la gravedad de sus acciones, como de las posibles consecuencias legales de estas. La Administración insta, una vez más, a deponer la huelga y retomar el diálogo, única forma de que el proceso se desarrolle afectando lo menos posible los legítimos intereses de todas las partes.