Dr. Henning Jensen Pennington, Rector, Universidad de Costa Rica
buzon.rectoria@ucr.ac.cr
Publicado: 2016-03-11

Desde agosto de 2014, algunos medios de comunicación y políticos nacionales han publicado los salarios de las y los universitarios, incluyendo sus nombres y datos laborales. Esa información ha aparecido publicada en forma reiterada, de manera completa o parcial, o ha sido ventilada y distribuida por vías digitales, con muy diversos efectos sociales y personales.

Ante tales hechos, la UCR lamenta profundamente los inconvenientes y molestias que han afectado a las y los funcionarios universitarios y sus familias por la publicación de sus salarios. Nada justifica que la paz y la seguridad de cada uno de las y los trabajadores de la Universidad, que cumplen día a día con sus labores y contribuyen con el desarrollo y el mejoramiento nacional, se vea turbada de esta manera. La paz y la tranquilidad de las y los funcionarios y sus familias debe ser respetada y por ninguna razón puede ponerse en entredicho su honorabilidad personal y laboral.

Si bien en esta materia rige el interés público, la Rectoría ha advertido sobre la responsabilidad que les cabe a quienes hacen uso de esa información, ya que divulgarla pone en peligro la intimidad y la seguridad de las personas, sus familias y su patrimonio, pues podría ser utilizada para promover delitos económicos y lesiones contra su honra y buen nombre.

Aunque el acceso a los salarios públicos sea legal, el uso indiscriminado, irresponsable y abusivo de esa información salarial debe ser condenado. El mal uso de esa información no tiene la finalidad de valorar la correcta utilización de los recursos públicos ni resaltar los beneficios colectivos del trabajo universitario para la sociedad costarricense, sino generar perjuicios directos contra la Universidad y las personas cuyos salarios se publican.

La UCR ocupa el tercer lugar en el «Índice de transparencia del sector público costarricense» (ITSP), elaborado por la Defensoría de los Habitantes, y el primer lugar en rendición de cuentas entre todas las instituciones públicas de nuestro país. Este hecho es el resultado de políticas y acciones consecuentes y comprometidas con el bien común, que no pueden ser disminuidas en su importancia para la ciudadanía costarricense.

Debemos promover y fortalecer una Institución sólida, transparente y libre, que no se rinda ante quienes –abusando de la ley y su posición–pretenden destruir la Educación Superior Pública Estatal en aras de hacer valer sus intereses personales, sin importarles el respeto, la honra y la seguridad de las y los universitarios.