Publicado: 2017-09-21

 

Centroamérica sangra con cada tortura, violación y asesinato, pero cada vez se escuchan más voces de denuncia contra los abusos autoritarios y la segregación, que se movilizan para evitar que se sigan perpetrando crímenes.

Este esperanzador mensaje fue uno de los que se dieron a conocer en el Foro de Reflexión sobre los Hechos de Violencia en Centroamérica, con la participación de mujeres de Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica.

El foro, organizado por la Rectoría y el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM), se enmarca en el 2017: Año de las Universidades Públicas por la Vida, el Diálogo y la Paz, declarado por el Consejo Nacional de Rectores con el fin de promover una perspectiva de derechos humanos que sirva de criterio para la acción universitaria en pro de la vida y de la dignidad de las personas y los pueblos.

Sobre esta línea se refirieron la periodista Alejandra Gutiérrez, de Guatemala; la ambientalista Bertha Zúñiga, de Honduras; la productora audiovisual Marcela Zamora, de El Salvador, y la activista Chabela Lazo, de Costa Rica. Como voces autorizadas para hablar de los problemas que sus países han vivido, las expositoras compartieron dolorosos recuerdos de sus pueblos, al tiempo que rescataron ejemplos de acciones insubordinadas a la violencia.

El Rector de la Universidad de Costa Rica, Dr. Henning Jensen, comentó al público sus orígenes hondureños, y cuánto la historia de resistencia y la violencia eran heridas aún vivas en su familia. “Comparto esto con ustedes porque la violencia en nuestra región toma una enorme fuerza, y no solo es una fuerza destructiva que llevamos en la conciencia, sino que la arrastramos en todo nuestro ser”, expresó.

“Centroamérica es una región que vivió la transición hacia la democracia, con un resultado incompleto y muy restringido”, explicó la Dra. Montserrat Sagot, directora del CIEM y moderadora del foro, antes de ceder la palabra a las expositoras.

 

 

Impunidad, el flagelo de la región

Las expositoras, quienes se refirieron a casos concretos de violencia en sus países, coincidieron en que una de las principales calamidades en Centroamérica es la impunidad que ha persistido con los años.

“Todavía estamos caminando sobre los muertos, desenterrándolos, y aún discutiendo si se debe hacer justicia o no sobre los crímenes de guerra. Aún con grandes enfrentamientos y polarización sobre lo que debe ser la justicia, a veinte años de la firma de la paz. Pero Guatemala se ha convertido en un ‘laboratorio’ del combate a la impunidad”, afirmó Alejandra Gutiérrez.

En sus palabras, ejemplo de ello fue la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, hace unos diez años, avalado por la ONU como un modelo sui generis para desarticular estructuras paralelas de crimen organizado y para la lucha contra la impunidad.

Según comentó, en días recientes el pueblo guatemalteco incluso se manifestó en contra de cambios al código penal, promovidos por el Congreso de la República, para garantizar la conmutación a delitos de financiamiento electoral con penas menores a diez años, sin tomar en cuenta que esto incluiría unos 400 delitos más por los cuales hasta un 30% de los presos actuales podría quedar en libertad con el pago de una multa. “Aquello fue el fósforo que prendió la pólvora, e hizo que la población saliera a manifestarse y se archivara el decreto de ley”, agregó.

 

Bertha Zúñiga, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), explicó que el propio asesinato de su madre (la líder ambientalista indígena Berta Cáceres, el pasado 3 de marzo de 2016) fue el mayor atentado que aún muestra señales de impunidad.

“Hay un proceso sistemático de ataques a todas las organizaciones que hacen defensa territorial, y que han sacudido a Honduras por tratar de cambiar la violencia e impunidad por la que es conocida. La cadena de crímenes en Honduras no parará si no se rompe el círculo de la impunidad”, comentó.

Zúñiga, de 26 años, agregó que su familia y organización entienden el asesinato de su madre “como un mensaje para sembrar el miedo y la parálisis de quienes seguimos luchando, y es un ataque directo a la organización para tratar de desarticular estas expresiones de lucha y resistencia del pueblo indígena”.

 

Por otra parte, la cineasta Marcela Zamora evidenció que en su país todos los días hay crímenes que quedan sin resolver, pero no la política de mano dura -lejos de crear paz- alimenta el círculo de la violencia. “Por cada pandillero asesinado, hay una familia en luto que lo resiente”, mencionó.

“Para que una pandilla prolifere se requieren de ciertos elementos que El Salvador tenía en la década de los años noventa, y sigue teniendo. La impunidad – el sistema de justicia desbordado e insuficiente; el tejido social -los vecinos callan-; la brecha entre pobres y pudientes; y el hecho que no hay proyectos o trabajos para los jóvenes”, mencionó.

Para su documental más reciente, denominado Comandos, Zamora convivió durante tres meses con grupos de salvamento que llevan ese mismo nombre. “Se trata de grupos muy humildes, con más de 3500 voluntarios en todo el país que rescatan a personas por puro amor al prójimo. Se meten donde nadie más va, y son los más respetados dentro de las comunidades de alto riesgo”, mencionó. Con ellos filmó, durante quince días, decenas de situaciones de rescate de hechos violentos.

 

Finalmente, la activista Chabela Lazo leyó un documento de Alejandra Bonilla, integrante de la Red de Mujeres Rurales Costarricense y el colectivo Tinamaste, para el apoyo a las mujeres indígenas. Su lectura mostró algunas acciones que estos colectivos han realizado en la defensa de territorios indígenas en Costa Rica, particularmente en el Salitre, territorio Bribri.

“La Red de Mujeres Rurales ha denunciado una y otra vez que a vista y paciencia de la policía se siguen dando las agresiones de los finqueros contra la población indígena en el territorio indígena Salitre. Esta situación es harto conocida en el país, por el presidente de la República y sus ministros, sin embargo y a pesar del discurso de preocupación por los derechos, el gobierno central sigue permitiendo estas acciones en una evidente complacencia con los atacantes y en una clara violación de los derechos humanos del pueblo indígena Bribri y una violación más al derecho a su territorio”, culminó Lazo, en palabras de Bonilla.

Caterina Elizondo Lucci
Periodista, Rectoría
caterina.elizondo@ucr.ac.cr